Chile, al igual que el resto
de los países de América Latina, vive un momento crucial ante el fenómeno de la
globalización.
La profundización de las políticas económicas neoliberales ha
representado un proceso de importantes cambios, no sólo en las estructuras
sociales y económicas, sino que también en la naturaleza misma de la vida
cotidiana del ciudadano Chileno.
El Estado ha tenido que
enfrentar una transición política y económica marcada por la fricción originada
entre las legítimas demandas sociales y las trabas al funcionamiento
democrático heredados de la dictadura militar. El modelo económico neoliberal
ha permitido imponerse como una verdad única e inamovible, de ahí que se ha
hecho un imperativo social de la mayor importancia la respuesta propositiva de
los sectores sociales, especialmente, los trabajadores sindicales organizados.
Las políticas de
globalización constituyen un desafío colectivo porque lo que está en juego es
el futuro del país, y de la humanidad, por esto es que se hace urgente la
intensificación del diálogo y el estrechamiento de los vínculos entre la teoría
y la acción social efectiva.
Chile, mediante la
globalización, se ve en desventaja en comparación a los países desarrollados
debido a los tratados de libre comercio, difícilmente llegue a ser un país
independiente en lo que se refiere a economía, debido a que con esto no se deja
pasar materia prima elaborada, ya que el país desarrollado se encarga de hacer
subir sus impuestos cuando los chilenos quieren comercializar sus productos
provocando con esto un descenso en la misma.
La revolución mundial en el
ámbito de las telecomunicaciones y de la informática ha contribuido por una
parte a la interconexión de los mercados; el término del proteccionismo en
muchos países de la región ha estimulado la inversión y sed ha incrementado de
una manera considerable el intercambio de bienes y servicios. Por otra parte, Muchos
países muestran con satisfacción y orgullo indicadores macroeconómicos
positivos como resultado de esta economía global.
La globalización neoliberal
ha contribuido a una mayor concentración de los activos en pocas manos, no sólo
del capital extranjero, sino también de los grandes empresarios
chilenos. Unos 90 grupos financieros controlan la mayor parte de las
grandes empresas. El 10% de la población más rica del país ha aumentado
fuertemente su participación en el ingreso nacional en los últimos 30
años.
El Tratado de Libre Comercio
entre Chile y Estados Unidos profundizará la trasnacionalización de la economía
chilena. La inversión foránea directa, uno de los objetivos del Tratado, no es
la única fuente de capital procedente del exterior. Economías que han
experimentado un formidable desarrollo han recurrido muy poco a este tipo de
inversión foránea, mas bien la han limitado estrictamente. En general,
será preferible recurrir al crédito externo como complemento para financiar
inversiones rentables de las empresas nacionales en vez de fomentar la
instalación de las multinacionales.
En materia de recursos
naturales, un dominio preferente de las inversiones extranjeras actuales, debe
extenderse el principio constitucional de que los recursos naturales son de
posesión plena del Estado, sin perjuicio de formas limitadas de concesión a
privados. Chile requiere de un Proyecto Nacional de Desarrollo. El
PND nos debe instar a regular respetuosamente nuestro intercambio con la
naturaleza. Esto implica reanudar la estrategia industrializadora,
interrumpido hasta hoy, pero adaptado a las perspectivas del siglo XXI.
Se deben caducar las concesiones onerosas, desarrollar un fuerte sector
público, delimitar y garantizar el desarrollo de las distintas áreas de
propiedad, estatal, regional, municipal, social, privada, mixta, de
cooperativas y de trabajadores.
Esto significa una nueva
estructura de ingresos, tributarios y otros que transfiera recursos desde los
sectores minoritarios hacia los programas sociales y hacia la inversión
productiva pública. Redistribuir es tarea políticamente difícil que será resistida
por los afectados, por todos los medios. Por eso se requiere contar con
apoyo de una amplia mayoría nacional. Se necesita un nuevo Estado que se
haga respetar, con autoridad moral, pero nada autoritario y muy participativo,
un poder transparente y sometido al control ciudadano.
Pero la soberanía no puede
ser un camino solitario, al margen de nuestros vecinos y hermanos. Nuestros
estados latinoamericanos en alianza con los del mundo en desarrollo, más el
apoyo de los movimientos y gobiernos solidarios del primer mundo, pueden
constituir una fuerza capaz de abrir paso a otro mundo posible, a una nueva vía
hacia la integración mundial, pacífica, democrática y justa.